En su artículo, la Lic. Sonia Almada explora los efectos de la instrumentalización infantil en la salud mental de los niños y niñas. Durante más de una década de investigación clínica, Almada ha documentado cómo estos niños se ven atrapados en un ciclo de manipulación emocional, donde se les exige tomar partido por uno de los padres, a menudo en un intento de desacreditar o destruir la imagen del otro progenitor. Esta situación, denominada en algunos casos como «cisma marital,» se caracteriza por la competencia entre los padres por la lealtad de sus hijos, lo que genera una profunda confusión y angustia en los pequeños.

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Secuelas psicológicas

La instrumentalización en conflictos parentales deja a los niños en una situación de orfandad simbólica. Se les obliga a adoptar un papel que no les corresponde, reprimiendo sus propios deseos y pensamientos para complacer a uno de los padres. Este tipo de maltrato emocional genera ansiedad, sentimientos de insuficiencia y dificultades en la elaboración de la identidad. Al no ser reconocidos como individuos con necesidades propias, estos niños suelen desarrollar problemas en sus relaciones interpersonales y una tendencia a la dependencia emocional en la adultez, perpetuando patrones de sometimiento.

El rol de los profesionales

Almada subraya la importancia de capacitar a profesionales de la salud, la educación y el derecho para identificar y abordar la instrumentalización infantil. Esta forma de maltrato es difícil de reconocer porque ha sido normalizada en muchas dinámicas familiares, lo que agrava las secuelas emocionales y relacionales de los niños involucrados. En muchos casos, los niños no perciben esta manipulación como maltrato, sino como una parte «normal» de su crianza, lo que aumenta el riesgo de que estas heridas psicológicas persistan a lo largo de su vida.

La creación de políticas y programas de prevención, junto con la capacitación de profesionales para identificar estas formas sutiles de maltrato, es crucial no solo para proteger a los niños, sino también para reducir las consecuencias sociales y económicas a largo plazo. La protección y recuperación de estos niños debe ser una prioridad para garantizar su bienestar y romper el ciclo de violencia emocional en el que se encuentran atrapados.

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