Crisis de violencia de género en Puerto Rico: ¿Hacemos lo suficiente?
La violencia de género sigue siendo una crisis en Puerto Rico, afectando a miles de personas desde el noviazgo hasta el matrimonio. En el programa «Health Talks», Leena Ramírez, directora de la Casa Protegida Julia de Burgos, abordó la problemática y enfatizó la importancia de la prevención y la educación para combatir este flagelo social.
Según datos de la Casa Protegida Julia de Burgos, en Puerto Rico se registran más de 20,000 casos de violencia de género al año, a pesar de ser un delito penalizado con cárcel. De estos, se estima que el 60 % de las mujeres casadas han sido víctimas de maltrato conyugal y que el 97 % de las víctimas de violencia doméstica son mujeres. Además, el Observatorio de Equidad de Género reportó que el año 2024 cerró con 81 feminicidios, representando un incremento del 59 % en comparación con 2019.
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Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el impacto en los jóvenes. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 35 % de los adolescentes entre 12 y 17 años han estado en una relación amorosa, pero el 70 % de las víctimas de violencia en el noviazgo no buscan ayuda.
Esta realidad evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de educación y prevención para evitar la normalización de conductas agresivas desde edades tempranas.
Ramírez destacó que la Casa Protegida Julia de Burgos ha brindado apoyo a más de 20.000 mujeres desde su fundación en 1979, ofreciendo asistencia psicológica, social y legal. La directora resaltó la importancia de que el Estado y las políticas públicas aborden la violencia de género como un problema de derechos humanos, crimen por género y salud pública.
«Nuestro reclamo siempre ha sido trabajar desde todos los sectores, sobre todo desde el Estado, para atender esta problemática con la urgencia que merece», afirmó Ramírez en «Health Talks».
La violencia psicológica y emocional es una de las formas más frecuentes de agresión, afectando a aproximadamente el 92 % de las víctimas antes de que la situación escale a la violencia física. Además, la violencia económica, recientemente incluida en la Ley 54, es un factor que contribuye a que muchas mujeres no puedan salir de relaciones abusivas.
Para las víctimas que buscan ayuda, Ramírez recomendó acudir a una comisaría de policía o a una sala especializada en los tribunales para solicitar una orden de protección. También resaltó la importancia del acompañamiento de intercesoras legales para evitar la revictimización y garantizar que las denuncias se tramiten adecuadamente.
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La Casa Protegida Julia de Burgos reafirma su compromiso de continuar con su labor de protección y apoyo a las víctimas, al tiempo que hace un llamado a la sociedad y al gobierno para reforzar las estrategias de prevención y educación.
La violencia de género no solo afecta a las víctimas directas, sino que deja secuelas en toda la comunidad, haciendo urgente una acción colectiva para erradicarla.
